Esto obliga a las autoridades a replantear castigos y estrategias más eficientes, señala el titular de la Procuraduría General de Justicia de la entidad mexiquense, Alfredo Castillo Cervantes.
Uno de los casos más recientes que reflejan este tema es la detención de la banda de “El jarocho” que operaba en municipios del oriente del estado de México, que además de su violencia se caracterizaba por estar integrada por dos menores de edad.
Mientras que los últimos días de noviembre pasado la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM) detuvo a una banda dedicada al robo de transporte público en Ecatepec, cuatro de sus cinco integrantes tenían 13, 15, 16 y 17 años.
Castillo Cervantes indicó que si el 20 por ciento del total de sus detenidos no tiene la mayoría de edad debe plantearse la eficiencia de la Ley de Justicia para Adolescentes, la contempla penas máximas de cinco años.
Sobre esto indica que hay casos de jóvenes que son capturados a los 20 años pero que ya llevan varios asesinatos en su vida.
Indicó que “ya hemos platicado con el señor gobernador para ver la manera de cambiar esta la Ley de Justicia para Adolescentes”.
No obstante afirmó que las modificaciones a la normatividad no pueden ser de tajo, sino deberá hacerse a través de un estudio eficiente que implemente ángulos sociológicos, antropológicos y estadísticos.
“La verdad es que va a tomar tiempo (las modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes)... tenemos que analizar todo lo que está pasando en política penitenciaria, saber si lo que tenemos es mejor o puede ser corregible”.
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